También habilita el decreto específico de centros de datos, que sigue pendiente.
Qué cambia en la práctica
Un decreto que se llama «Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio» y que
en su título I rehace el acceso a la red eléctrica española. El vehículo importa: se
aprobó por urgencia, con el gas por encima de 50 €/MWh y el Brent en 100 dólares, y eso
explica por qué una reforma estructural del acceso viaja dentro de un paquete de bajadas
de IVA y bono social.
Lo que cambia para un centro de datos es el precio de esperar. Antes del 22 de marzo
de 2026, mantener un permiso de acceso sin construir costaba un aval inmovilizado. El
nuevo régimen establece un pago mensual con factores transitorios crecientes cada
semestre, una exención inicial de tres meses y excepciones para determinados desarrollos
urbanísticos con cesión de infraestructura. Si el permiso caduca, se pierde el derecho a
la minoración o devolución. La exposición de motivos señala el propósito de desincentivar
«la especulación y el acaparamiento de capacidad». Es la primera norma española que trata
la cola de acceso como un problema de acaparamiento y no de capacidad física.
Y ordena la norma que viene. Su disposición adicional primera es el título habilitante
del real decreto de centros de datos cuya audiencia cerró el 10 de septiembre. Sin ese párrafo, el
Gobierno tendría un problema de legalidad para condicionar los permisos de acceso por
motivos ajenos a la capacidad de la red, que es exactamente la objeción que se había
planteado contra el borrador de 2025.
Un detalle que se pasa por alto
El decreto-ley convalidado sigue vigente. La tramitación como proyecto de ley acordada
el 26 de marzo corresponde al expediente 121/000091. El RD 806/2026 disolvió las Cortes
con efectos desde el 6 de octubre. El artículo 207 del Reglamento del Congreso dispone
la caducidad de los asuntos pendientes, salvo los que deba conocer la Diputación
Permanente. De ambas normas se deduce la caducidad de la tramitación legislativa
derivada. La revisión no ha obtenido el asiento individual de cierre del expediente;
no se presenta como una confirmación expresa de esa ficha parlamentaria.
La caducidad del proyecto de ley no deroga el decreto-ley convalidado ni hace decaer
el proyecto de decreto de centros de datos. El RDL 18/2026 ya modificó el umbral de
impago para la caducidad del permiso, del 10 % anual al 10 % trimestral.
La disposición transitoria cuarta.a fija otro hito para ciertos permisos anteriores
al 22 de marzo de 2026 sin contrato de acceso. Exige pagar el 10 % de las actuaciones
de red en doce meses desde la fecha más tardía entre el 7 de noviembre de 2025 y la
concesión del permiso. No es un vencimiento común de todos los permisos del registro.